El colectivo manifiesta que los agricultores están sometidos continuamente a inspecciones de trabajo, dificultando con ello la labor diaria de las explotaciones. En este sentido, demandan que se equiparen las inspecciones al resto de sectores productivos.
De igual modo, los agricultores han exigido unos precios justos para los productores, lamentando que cobran el kilo de fresa por debajo de 1 euro, mientras los costes de producción rondan 1,50 euros y la venta de los productos en supermercados superan los 3 euros el kilo.
También reclama el sector dejar de ser el punto de mira y el banco de difamaciones y descalificaciones. Denuncian que la única intención de relacionar los asentamientos ilegales con la recolección de la fresa o la supuesta explotación de trabajadores en las fincas agrarias es la de deteriorar el prestigio que los frutos rojos tienen en Europa.
