En la cuenta atrás para cerrar mandato – con la celebración el próximo mayo de 2023 de elecciones municipales-, el proyecto urbanístico que ha dividido al Ayuntamiento de Punta Umbría desde que echó a rodar, el residencial William Martin previsto a la entrada del municipio, acumula una decena de sentencias que le vienen cortando el paso desde que salió del pleno para iniciar un recorrido judicial que continúa abierto.
El último posicionamiento de los tribunales acaba de llegar: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia del Contencioso-Administrativo 3 de Huelva que, en junio de 2020, invalidó la adjudicación a la empresa RiaUmbría Towers de las parcelas de la Avenida Ciudad de Huelva en las que pretendían levantar – tras una modificación del plan- dos bloques de viviendas de 19 plantas de altura.
El Alto Tribunal rechaza así el nuevo intento de Riaumbría por mantener la titularidad de los terrenos, desestimando el recurso de la promotora, a la que condena en costas (800 euros de límite) al considerar que la adjudicación objeto del pulso judicial es “un acto nulo de pleno derecho, no meramente anulable ni mucho menos de una simple irregularidad no invalidante”, como argumentaron los representantes legales de la empresa.
Para su decisión, el TSJA reedita los argumentos expuestos por la sentencia que valida, en la que el juzgado de Huelva concluyó que el acto de adjudicación partía de “un presupuesto viciado de nulidad”, por lo que declarada ésta, “la consecuencia no era otra que la anulación a su vez del acto de concreta adjudicación”.
Uno de los aspectos que el tribunal andaluz destaca se refiere precisamente a la previsión de viviendas de las dos torres, un total de 172, de las que solo 52 viviendas se recogen como viviendas de protección oficial. “Resulta evidente que el acto de enajenación impugnado no puede cabalmente separarse de las condiciones inherentes a la propia venta, que aparecen delimitadas o configuradas en el pliego reseñado de manera que, tal y como propugna la tesis actora, entra en frontal contradicción con las exigencias de la ley, en la medida en que su destino prioritario no es otro que la construcción de viviendas libres”.
Tras el fallo del Contencioso 3 de Huelva – que ha sido ahora confirmado por el TSJA, recurrible en casación- , fue solo la promotora la que continuó en el procedimiento ya que el Ayuntamiento costero decidió cerrar capítulo (para abrir otro nuevo) y se allanó a la sentencia, con la justificación de que mantener la batalla por la adjudicación podría resultar perjudicial a los intereses del pueblo aún con el convencimiento – dijo entonces- de que sus interpretaciones jurídicas y técnicas eran correctas. El equipo de gobierno, con la alcaldesa Aurora Águedo al frente, no ha desistido del proyecto de las dos torres que impulsó a partir de septiembre de 2017, ha comenzado de nuevo partiendo de cero.
Tras liquidar con la promotora el contrato de venta de las parcelas, el Consistorio relanzó por segunda vez el plan urbanístico, situándolo como de “importancia estratégica” para la economía de Punta Umbría, la creación de empleo y el apoyo a las empresas locales que pueden intervenir en el desarrollo del proyecto.
Con siete meses por delante, hasta que las urnas digan qué partido estará al frente del gobierno en el municipio costero, el equipo de Águedo confirma que continúa trabajando para “poner en valor” los terrenos de la Avenida Ciudad de Huelva.
Con un recorrido de cinco años y su ejecución en el aire, el proyecto de las dos torres de Punta Umbría, que los tribunales acabaron tumbando y el Consistorio ha sacado de nuevo, ha costado a las arcas municipales unos siete millones, cantidad que desde la oposición se eleva hasta los 20 millones por las indemnizaciones que reclama la promotora.
En paralelo a los procedimientos de la adjudicación y venta de las parcelas, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se llevó a cabo para poder ejecutar el plan William Martin derivó en otra causa, con intervención directa del Ministerio de Transición Ecológica, por vulnerar la Ley de Costas, con impacto visual en el entorno y por provocar un “efecto pantalla”. También en este apartado, llegó la negativa del TSJA, que en sentencia obligaba a reducir la altura de las edificaciones «repartiendo los usos en cuatro bloques».
La promotora del residencial William Martin anunció que llegará hasta el Tribunal Supremo (TS) en defensa de la «legalidad» del proyecto urbanístico y el modelo que propone «al liberar más espacios libres y favorecer usos a favor del ciudadano”, que contrasta con el propuesto por el Tribunal, un proyecto de cuatro edificios (precisamente el que se planteó en un principio).
Las opiniones de los grupos políticos de la oposición:
Juan Carlos Asencio (IU) – «Tiene que haber dimisiones de los responsables del equipo de gobierno derivadas del cómo se ha llevado a cabo el proyecto y por las indemnizaciones millonarias a la empresa, que tenemos que pagar todos los puntaumbrieños. A pesar de las advertencias que ha tenido por la oposición y a sabiendas de que el proceso estaba viciado de nulidad desde el principio, el gobierno local ha tirado para delante siempre. Los tribunales se están pronunciando y, llegado a este punto, el asunto tiene que replantearse y buscar soluciones, si no es viable, hay que buscar otros proyectos para el pueblo y no atascarse en uno que no puede llevarse a cabo«.
Juan Luis Martín (Cs)– «Una lucha de egos entre dos facciones políticas, los errores del equipo de gobierno y sus socias de una parte, y el empeño de UPU por frenar el proyecto, han derivado en la actual situación y lo está pagando el pueblo de Punta Umbría, al que le queda una escombrera y dinero por pagar. Mientras la empresa de la adjudicación anulada – Riaumbría- siga litigando, es imposible hacer nada en esos terrenos y ninguna empresa va a invertir en la zona sin saber qué va a ocurrir, ya que el conflicto puede estancarse durante años en el Supremo o que la promotora gane en esa instancia judicial.»
José C. Hernández Cansino(UPU). «UPU ha advertido de la ilegalidad de la operación y de los perjuicios económicos desde el primer momento y los tribunales nos siguen dando la razón. Reclamaremos que el equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas corran con el pago de las indemnizaciones de sus propios bolsillos por su comportamiento imprudente desde 2017. La solución urbanística en esas parcelas pasa por cumplir la legalidad como primer paso, por un modelo de baja densidad como existe en el entorno y con aparcamientos y por la venta de los terrenos con la máxima difusión y transparencia, sin trajes a medida, y por el valor que tienen.»
