La carencia de agua, fruto de la sequía y de la falta de infraestructuras hídricas, pone en duda la viabilidad del sector, hecho éste por el que los agricultores llevan años reclamando el comienzo de dichas obras. Ésto, unido a la competencia deseal de productores ajenos a la UE, hacen que la agricultura onubense se encuentre al borde del colapso, un fatal destino que tendría gravísimas consecuencias para nuestra economía.
El sector agrícola onubense se encuentra al borde de la emergencia y los agricultores leperos no son una excepción. La sequía, con sus consecuentes restricciones de agua, del 50% este año, sumada a la falta de infraestructuras, las mismas que llevan años reclamando al Gobierno Central, dibujan un panorama que, de cumplirse los peores temores, puede acabar con el hundimiento, o la reducción, en el mejor de los casos, de nuestro sector agrícola. Un hecho que, de consumarse, tendría unas consecuencias catastróficas para la economía y el empleo de nuestra provincia.
“Actualmente tenemos un 50% de restricción de agua. En la campaña anterior, con un 25% de restricción, ya tuvimos que sacrificar un mes de producción, en previsión del 50% de este año. Para el presente 2024, tendremos que abandonar los cultivos probablemente a finales de abril por haber consumido el 50% y ante el temor de un aumento de restricciones para el año que viene”, explica a este medio Manuel Antonio Prieto Pereira, Agricultor de Fresgilera. A esta situación se ha llegado por medio de muchos factores, algunos de los cuales los explica José Muriel Madrigal, ‘Pepe Lena’. Agricultor de Agrílcola Lena y Alfrut: “Estamos atravesando una época de sequía y grandes restricciones y no se está cumpliendo el Plan Hidrológico, que regula el crecimiento de superficie en riego, con su agua correspondiente, de la mano de unas infraestructuras hidráulicas que no se están realizando. De hecho, estamos creciendo por debajo de lo establecido en dichos planes, tanto en consumo de agua como en consumo humano, de industria, etc. El último plan hidrológico expiró en 2021 y el actual finaliza en 2027. Para 2021 teníamos autorizados 350 hectómetros, aproximadamente, y nos hemos quedado en 250. Ya muchas obras contempladas en el Plan Hidrológico 2015-2021 quedaron por ejecutar o ni siquiera se iniciaron, y así siguen a día de hoy, buena parte de las cuales corresponden al Gobierno Central. Si crecemos, según este plan, en superficie en riego, pero no en infraestructuras hídricas, algo falla”.
Son varias las obras, en cuestión, que el sector agrícola onubense reclama desde hace años, siendo algunas de las más importantes la Presa de Alcolea o el desdoble del túnel de San Silvestre o, en el caso de los agricultores de la zona Piedras-Guadiana, donde se incluye Lepe, las actuaciones para poner en marcha Boca Chanza 2. El problema de esto es que la mayor parte de estas actuaciones tienen una ejecución de casi 5 años, mientras que la carencia de agua está causando estragos ya. No obstante, lo peor de todo ésto es que las obras ni siquiera han empezado “y según el Plan Hidrológico 2015-2021, gran parte de ellas deberían estar hechas. El plan hidrológico en vigor, que termina en 2027, también las tiene incluidas. Estamos en 2024 y aún no se están haciendo”, apunta ‘Pepe Lena’ con preocupación.
Entre tanto, los agricultores tratan de buscar alternativas que les permitan ‘ir tirando’: “Una solución que se está aportando ahora es bombear del Boca Chanza, que es un aporte extra que, en caso de sequía, se puede tirar de ahí. Pero con Boca Chanza estamos en un punto en el que en verano, cuando hay marea alta, el agua salada penetra y pone en duda la calidad y aptitud del agua. Se está intentado conseguir, en acuerdo con Portugal, que la presa que tienen ellos más arriba del Río Guadiana, la presa de la Alqueva, en la que están obligados a soltar sus caudales ecológicos, los suelten coordinados con nosotros para que podamos hacer uso de esa agua que a ellos les sobra y para que no se pierda. Pues esa coordinación, que es tan lógica y tan fácil, no se hace. Y nadie del Gobierno Central se sienta con alguien del Gobierno de Portugal para acordar eso. No se trata de pedir agua a Portugal, que es mentira, se trata de agua que ellos tienen que soltar obligatoriamente y que nosotros podemos aprovechar y poner un parche que nos permita ir tirando a falta de las obras hídricas necesarias e, insisto, que están aprobadas”, explica ‘Pepe Lena’.
Al margen de su labor al frente de sus empresas agrícolas, ‘Pepe Lena’ es el presidente de la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, una organización en la que, al margen de velar por un reparto equitativo, consensuado y legal del agua entre los comuneros, se intentan buscar soluciones a la falta de agua para paliar la situación límite en la que se encuentra el sector, “como los pozos de emergencia, que ahora estamos en esa lucha. Tenemos autorización para usar esos pozos en determinadas situaciones, pero los trámites son muy lentos y estamos tratando de agilizarlos”.
COMPETENCIA DESLEAL
Por si no fuera suficiente obstáculo la falta de agua, los agricultores tienen que hacer frente a otra piedra más en el camino: la competencia desleal por parte de productores ajenos a la Unión Europea. Productores con costes de producción mucho más bajos que los europeos, al tener que cumplir menos requisitos medioambientales, ecológicos y laborales que los establecidos en la Unión Europea. Dichos productores compiten en los mismos mercados y abastecen a los mismos clientes que los agricultores europeos, pero pudiendo permitirse fijar, por los menores costes de producción, unos precios sensiblemente inferiores a sus productos: “El coste de nuestra producción aumenta, por normativa ambiental, sostenibilidad, derechos laborales, etc. Y nosotros estamos encantados de cumplir todo eso. Por ejemplo, subirle el sueldo a los trabajadores es bueno, porque así ven que el campo es una salida digna que permite vivir bien, pero la carga impositiva por parte del Gobierno, siendo éste un sector tan importante, es excesiva. Claro, luego vienen aquí a competirnos, de forma desleal, productores con exigencias muy por debajo de lo que nosotros cumplimos y, consecuentemente, sus productos son más baratos”, ilustra Manuel Antonio Prieto Pereira, Agricultor de Fresgilera.
En sentido similar se expresa Juan Gómez Sánchez, presidente de Jucamp, para quien “la competencia desleal está haciendo mucho daño. Nosotros lo vemos en berries y cítricos. En Huelva, Sevilla y Córdoba, están, por ejemplo, los campos llenos de naranjas sin recolectar porque es inviable debido a la competencia desleal. La importación hay que controlarla para que esos productores compitan con las mismas normas que nosotros, tanto desde el punto de vista laboral, como desde el ámbito medioambiental”.
Toda esta exigencia normativa, que de buen grado cumplen de forma rigurosa nuestros agricultores, contrasta luego con la imagen que a veces se da de ellos. Una imagen que hace daño al sector y ante la que los agricultores no pueden hacer más que resignarse y seguir dando ejemplo de cumplimiento normativo, sostenibilidad ambiental y dignidad laboral: “En el campo está todo perfectamente fiscalizado y controlado. Por eso, me entra mucha impotencia cuando te dicen que explotamos a los trabajadores o que nos estamos cargando el medio ambiente, porque es falso. Quien quiera, puede informarse de toda la normativa que tenemos que cumplir y cumplimos. Hay muchas informaciones falsas que nos hacen daño, pues los agricultores somos los primeros interesados en cumplir de forma rigurosa toda la normativa que se nos exige, algo que se consigue con mucho esfuerzo, y que eso no se vea y que encima se dé una imagen totalmente contraria a la realidad, es algo que duele. La realidad es que todo se hace de forma legal, llevamos el producto hasta un porcentaje del 80% en materia ecológica, los sueldos son bastante dignos, etc. Ahora mismo, el campo es un trabajo súper digno y, como digo, todo está muy controlado”.
Es por ello que competir con productores con unas exigencias menores está siendo muy difícil, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo: “Nosotros, para ganar dinero, tenemos que hacer muchos kilos y ganar céntimos. Ellos, probablemente con la mitad de kilos, ganan más que céntimos. Esto no es justo. Y esto provoca que muchos productores de la zona se tengan que ir a otros países a producir. ¿Qué queremos conseguir, llevarnos la agricultura a otro lugar? Por poner otro ejemplo de ésto, al hilo del agua, nosotros tenemos muchas restricciones en el riego, porque es un bien preciado y estamos en sequía, y en otros países están desalando agua y la salmuera la tiran encima de la tierra. Y nosotros no podemos desalar porque contamina. Claro, al final tenemos unas exigencias para la producción que hace que esta sea más costosa, con el consecuente aumento del precio del producto, y algunos productores externos a la UE no tienen esas mismas exigencias y venden los productos a un precio más bajo. Es una competencia desleal porque no hay igualdad de condiciones y no es justo”, plantea ‘Pepe Lena’, quien deja claro que “los agricultores no somos delincuentes. Somos los primeros que queremos que se cumpla la ley laboral. Igual que con el ecosistema, que nos acusan de cargárnoslo, cuando somos los primeros que miramos por el medioambiente. Aparte de todos los controles en productos y toda la normativa ambiental que cumplimos, somos muy estrictos con el cuidado del campo, no permitimos que se tire ni un papel ni un plástico al suelo”.
Ante esta situación, en la que paradójicamente se criminaliza a un sector que se destaca por dar un cumplimiento exhaustivo de toda la normativa, el propietario de Agrícola Lena lo tiene claro: “El campo es sustento no sólo de Huelva, sino de España. España siempre ha sido agrícola. Y el campo está mal mirado. Yo puedo hablar por mí y mi gente está feliz, con jornadas de 6 horas y media y ganando un sueldo digno. Nosotros aquí pagamos un sueldo que permite a la gente vivir bien. Y se hace todo legal. Un mito es que contratamos sin papeles. Nosotros no lo hacemos, es ilegal. Quien viene sin documentación, no puede trabajar. Y eso, no te digo que no haya nadie que lo haga, pero es ínfimo. Estamos muy fiscalizados e inspeccionados, mucho más de lo que la gente piensa. Y a mí me parece bien que haya inspecciones, precisamente para que todos cumplamos y haya competencia legal. El campo está muy muy controlado, más de lo que la gente piensa”.
GRAVES CONSECUENCIAS
A grandes problemas, grandes soluciones, y la agricultura onubense necesita soluciones urgentes. Pues, si como es previsible, la lluvia sigue siendo escasa, el final de esta campaña y el comienzo de la siguiente están en peligro. Así, los agricultores ven del todo fundamental que comiencen a ejecutarse las infraestructuras hídricas que la provincia necesita. Todo ello, acompañado, mientras se ejecutan estas obras, de soluciones de emergencia y de control en la importancia de productos ajenos a la normativa europea. Sólo de esta manera podría evitarse un colapso de la agricultura que, lastimosamente, cada vez se ve más cerca y que traería un desmoronamiento en cadena de la economía onubense y que se dejaría sentir, y mucho, en las economías autonómica y nacional.
Quien avisa no es traidor, y los agricultores llevan avisando años de todo ésto: “La gente no es consciente de esta situación porque hasta que no palpen las consecuencias, no se lo van a creer. Cuando este verano se vea la realidad que tenemos, que hay que cortar antes las campañas, que hay gente que se queda sin trabajo, etc., probablemente comenzarán a tomar conciencia. Si la agricultura se hunde, se pierden cientos de miles de puestos de trabajo y habrá repercusiones en el sector bancario porque ponemos en marcha campañas con préstamos. También se resentirán los sectores relacionados, al igual que otros sectores, al empobrecerse la sociedad y bajar el consumo. Es una situación que nos debería preocupar a todos, agricultores y no agricultores”, expone Manuel Antonio Prieto Pereira.
Por todo ello, el pasado 1 de febrero el sector agrícola se manifestaba en Sevilla, acudiendo algunos, incluso, con sus tractores. Una manifestación en la que se citaron organizaciones agrarias y comunidades de regantes y cuya participación se cifró en 15.000 personas, las cuales alzaron sus voces, de forma desesperada, para pedir, por enésima vez, las soluciones que la agricultura necesita.
HABLA EL SECTOR AGRÍCOLA
Álvaro Burgos Mazo, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural:
Álvaro Burgos Mazo, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural:“Los agricultores de Huelva, igual que los del resto de España, están sufriendo unas políticas agrarias de la UE, y unas políticas a nivel nacional, que están provocando que éstos se encuentren en una difícil situación, tanto desde el punto de vista de la baja rentabilidad de sus explotaciones como por la competencia desleal de otros países. No puede ser que a nuestros agricultores se les exija cumplir con determinadas normativas más estrictas que las que se piden a otros países y que sus productos compitan con los nuestros en los mercados.
Si a eso le unimos las circunstancias relacionadas con los incrementos de precios de las materias primas, la pasada crisis del Covid, la Guerra de Ucrania o la sequía, pues el cúmulo de aspectos en contra está provocando una situación difícil de sostener. Además, la actual PAC, impuesta y en contra de las organizaciones agrarias y de los propios criterios que defienden con la Junta de Andalucía, va a provocar una pérdida para nuestros agricultores andaluces de más de 500 millones de euros en los próximos 4 años.
Aterrizando en los problemas más específicos de Huelva, también estamos sufriendo unas restricciones al riego muy preocupantes que tienen que ver con el hecho de que el Gobierno de Sánchez no cumple con la Planificacion Hidrológica ni con las obras que Huelva necesita, como, por poner tan sólo un ejemplo, la Presa de Alcolea”.
José Muriel Madrigal, ‘Pepe Lena’, agricultor de Agrílcola Lena y Alfrut y presidente de la comunidad de regantes piedras-guadiana:
José Muriel Madrigal, ‘Pepe Lena’, agricultor de Agrílcola Lena y Alfrut y presidente de la comunidad de regantes piedras-guadiana:“Con el agua que tenemos ahora, yo creo que mi cultivo de berries se termina en mayo o junio y no hay el año que viene. No tengo agua para ello. Es decir, para el año que viene, es probable que las 400 familias que viven del cultivo en este campo se queden sin sustento. Nadie piensa en la magnitud y las consecuencias del problema. Si yo estoy en esta situación, mi vecino está igual, y el vecino de mi vecino también. Y así, todos.
Si eso ocurre, aparte de los 400 trabajadores de Agrícola Lena, sobran los 200 de Alfrut, sobra la gente de la gestoría, sobran los economistas, sobran mis abogados, el restaurante en el que yo me como el menú todos los días dejará de tenerme como cliente, etc. Es una cadena. Si se hunde la agricultura, se hunde la economía de Huelva.
Por ello, pedimos por favor que no se retrasen más las infraestructuras, como la Presa de Alcolea, que es fundamental no sólo para la agricultura, sino también para el consumo humano. En este último sentido ya hay restricciones también. La sequía viene para quedarse y la Alcolea, al igual que otras actuaciones como Boca Chanza 2, son necesarias. También me gustaría pedir que se deje de criminalizar a los agricultores. No somos criminales, somos personas que creamos puestos de trabajo dignos, abastecemos de alimentos a la sociedad y todo ello cumpliendo de forma escrupulosa con todas las normativas”.
Juan Gómez Sánchez, presidente de Jucamp:
Juan Gómez Sánchez, presidente de Jucamp:“Pensar en una próxima campaña con el agua que tenemos es una ilusión, algo imposible. Si no llueve más y si no se empiezan a poner en marcha todas las infraestructuras y soluciones de emergencia que estamos constantemente reivindicando, el año que viene aumentará la restricción. Por eso, muchos cultivos no podrían continuar.
En la provincia de Huelva, dado el aporte de la agricultura al PIB, el hundimiento del sector sería una catástrofe de magnitudes inimaginables. Se perderían cientos de miles de puestos de trabajo, se resentirían otros sectores, el consumo, el nivel de vida, etc. No quiero ni hablar de ésto porque sería la ruina.
Los efectos de un hundimiento de la agricultura para Huelva serían devastadores. Pedimos al Gobierno Central que nos ayude porque estamos desesperados. No podemos seguir trabajando así, no tenemos futuro, sólo podemos vivir en el día a día, con lo que no se pueden realizar inversiones, se pierde cuota de mercado, se destruyen puestos de trabajo y, por ello, necesitamos actuaciones y soluciones urgentes”.
Manuel Antonio Prieto Pereira, agricultor de fresgilera:
Manuel Antonio Prieto Pereira, agricultor de fresgilera:“La situación actual es una deficiencia que llevamos tiempo padeciendo porque en Huelva tenemos, para los terrenos de regadío, unas infraestructuras muy antiguas, las cuales no se han renovado. Desde hace décadas no se hace nada, lo cual provoca que se pierda mucha agua. Esto afecta a la agricultura, pero también al turismo, a la industria, etc. Ahora mismo, en vez de retener el agua dulce de que disponemos, gran cantidad de ésta se vierte al mar y se pierde, como digo, por falta de infraestructuras y soluciones en una situación en la que hay carencia de agua.
Nosotros, como empresarios, estamos para aportar un producto necesario para la sociedad, el alimento, y para generar riqueza al crear puestos de trabajo dignos. Si el Gobierno no acomete las infraestructuras hidráulicas necesarias y nos asfixia con impuestos, las empresas dejan de ser rentables. Y si se hunde la agricultura, se hunden otros muchos sectores. Pedimos al Gobierno colaboración y que nos escuchen. Si el campo no produce, la ciudad no come, pues ni producimos alimentos ni producimos riqueza”.
