Tras muchas idas y venidas, declaraciones en televisiones y comunicados en redes sociales, el pleno dice “NO” a la nueva estación de servicio junto a la urbanización de La Marina de Punta Umbría. UPU e IU votaron en contra de la idoneidad, mientras que los concejales del PSOE y PP se abstuvieron ausentándose del pleno a la hora de votar.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Según explica el alcalde, todo empieza con la solicitud de una licencia de calificación de actividad para la instalación de una gasolinera en una parcela que se encuentra ubicada junto a la urbanización de La Marina. La empresa, dedicada al suministro de combustible, solicita la licencia y se comienza a tramitar el expediente.
Las propias normas urbanísticas dicen que siendo las estaciones de venta de carburante una actividad regulada por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, “la localización de los futuros puntos de venta deberán ser estudiados y resueltos por el pleno”, previo los informes técnicos que en cada caso se estimen oportunos.
Se empieza entonces a tramitar el expediente y se solicitaron los informes técnicos pertinentes. Luego se llevó a cabo una consulta a los vecinos colindantes, que son los que habitan en los bloques de La Marina que dan a la parcela. Unánimemente, todos los vecinos se pronunciaron en contra de la instalación. El Equipo de Gobierno, recogiendo ese interés general y considerando ese riesgo a la salud y a la seguridad que manifestaron los vecinos, se posiciona al lado de los vecinos.
Desde entonces, según manifiesta el alcalde, “no han parado las presiones e intentos de extorsión a los concejales de la Corporación Municipal”. Entre las presiones a las que se refiere el alcalde, “lo que no tiene precedentes es el escrito amenazante de la empresa propietaria de la parcela (que no es la empresa que inicia el expediente) a todos los concejales de la Corporación”. Lo llamativo es que “el que ejerce las presiones no es ni siquiera parte en el procedimiento”, pues quien pide la licencia es la empresa que va a explotar la actividad, no la empresa propietaria de la parcela, que es quien emite el escrito amenazante a los concejales “tratando de condicionar el voto de todos los concejales en el pleno donde debía resolverse la idoneidad de la implantación de la gasolinera en esa parcela”.
Ante esta situación, y tras recibir los concejales este escrito, el día 17 de septiembre, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, aparecía, junto a los concejales del Equipo de Gobierno, en las redes sociales haciendo un comunicado en el que denunciaba la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Punta Umbría: “queremos denunciar las presiones que está haciendo el empresario propietario de la parcela donde se pretende instalar la gasolinera hacia todos los concejales para condicionar el voto en el próximo pleno en el que se decidirá sobre el otorgamiento de la licencia de una gasolinera que cuenta con la oposición unánime de todos los vecinos colindantes”. Según Hernández Cansino, las presiones han venido, por un lado, “directamente a través de encuentros en la calle del empresario con los distintos miembros de la Corporación”, y también “a través de un escrito presentado por el empresario dirigido personalmente a cada uno de los concejales a los que les transmitía que todo lo que no fuera votar a favor, es decir, un voto en contra o la simple abstención, conllevaría una denuncia en los tribunales y una reclamación de responsabilidad. Ante la amenaza e intento de extorsión a los concejales a los que ha pretendido condicionar su voto, hemos tomado la decisión de denunciar públicamente la situación y tomar medidas al respecto”.
Casualmente, continúa explicando el alcalde, “el administrador de la empresa propietaria de la parcela, que está presionando, es también el administrador de la empresa Ria Umbría, que tiene condicionado hace muchos años el urbanismo de este Ayuntamiento”. Se trata de “la empresa promotora del proyecto fallido de las 2 torres que se declaró ilegal y por el que el Ayuntamiento ya ha pagado (sin poner un ladrillo) 2 millones de euros en indemnización por aquella adjudicación ilegal que se le hizo en época de gobierno socialista. Además, la empresa Ria Umbría sigue reclamando otros 13 millones de euros más por lucro cesante”.
La amenaza y el intento de extorsión para condicionar el voto de un pleno “puede ser constitutivo de delito” advierte el alcalde. Pero es que además, “este empresario se ha arrogado públicamente la capacidad de condicionar el sentido del voto en pleno también en otros asuntos, es más, se ha arrogado públicamente la posibilidad de que, si él quiere, se retiran las denuncias que se han interpuesto en relación al SAPU 5 contra mí y contra este Ayuntamiento”. Hernández Cansino analiza que “sabiendo que esas denuncias las ha interpuesto el grupo de concejales del partido socialista, todo el mundo podría pensar que se trata de una fanfarronería del empresario, pero si vemos que el abogado del grupo socialista en estas denuncias es el mismo abogado de la empresa que también mantiene pleitos con este Ayuntamiento, podemos llegar a pensar que tal vez no se trate de una fanfarronería”.
Ante esta situación sin precedentes, el alcalde anunciaba que “vamos a poner en conocimiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento todo lo ocurrido, y si este intento de amenaza y extorsión, y el tratar de condicionar el voto en un pleno pudiera ser constitutivo de algún tipo de delito penal, se va a llevar a los tribunales”.
Voto en contra de la gasolinera
El sentido del voto del Equipo de Gobierno presidido por José Carlos Hernández Cansino viene motivado, tras los informes técnicos realizados, “por el interés general traducido en la seguridad y en la salud de los vecinos dada la cercanía de la instalación a las viviendas y teniendo en cuenta que hay dos gasolineras más en un radio de 500 metros, por lo que no hay tal necesidad”.
Respuesta de Juan Cruz
Juan Cruz, gerente de Ria Umbría y administrador de la empresa propietaria de la parcela donde se pretende instalar la gasolinera, acudió por su parte al plató de Paco Morán en Canal Luz para dar a conocer su posición ante este conflicto de intereses.
Comenzó su exposición de motivos explicando cómo se fraguó la compra de esta parcela por parte de su empresa, algo que para él es fundamental conocer “para poder entender el devenir de los acontecimientos”. Tal y como él mismo explica en antena, “el Ayuntamiento sacó a licitación 3 parcelas a un precio desorbitado, provocando que la licitación quedara desierta. Tras quedar desierto el procedimiento, decide el Ayuntamiento abrir un nuevo procedimiento negociado con un 20% de rebaja sobre el precio inicial, pero a pesar de la rebaja, el precio de las parcelas seguía siendo excesivo. Al sacar esa segunda licitación, un funcionario se pone en contacto con empresarios del municipio entre los que me encontraba yo, a los que se nos incitaba a comprar esas parcelas. Me puse a darle vueltas a ver qué rentabilidad se le podía sacar a una parcela de este tipo y se me ocurre la instalación de una estación de servicio, para lo que contacto con una petrolera nacional bastante fuerte que está de acuerdo en montar una estación de servicio en esa ubicación. Conociendo yo a José Carlos y la relación que hemos mantenido años atrás, no se me hubiera ocurrido comprar una parcela de estas sin antes tener su consentimiento. Le pido una cita, me recibe y le comento que estoy interesado en esa parcela pero que la quiero exclusivamente si es posible montar en ella una estación de servicio. Tras comprobar que no había ningún problema técnico o jurídico, me responde que él no tiene ningún problema. Me presento entonces a la licitación, me adjudican la parcela, se firma la escritura de compra venta, y se presenta un pequeño estudio de detalles que hay que hacer para la obtención de la licencia de actividad. Se producen ciertos retrasos sin tener respuesta acerca de esos documentos y me acerco a preguntar por el asunto. Fue entonces cuando me informaron de que el alcalde no tenía ninguna intención de autorizar la instalación de la estación de servicio en la parcela que yo había adquirido para ello. Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo porque ya estaba todo consensuado. Consigo una reunión con el alcalde y éste me niega que hubiera algo consensuado, que eso era falso, y además me dice que algún día le tenía que pedir perdón por haberle quemado el coche. Salgo de allí teniendo claro que iban a votar en contra en el pleno, por lo que me pongo en contacto con mis abogados que son especialistas en este tema. Me dicen que las licencias tienen carácter reglado y que no hay ningún impedimento. Me dicen que ni siquiera se tiene que llevar a pleno, pero que si se llevara, el voto tiene carácter reglado. Es decir, que si se cumple y los informes son favorables, los concejales tienen que decir que sí.”
Para Juan Cruz, la instalación de la estación de servicio en su parcela es absolutamente legal y dice estar “luchando por ella”…
En cuanto al escrito al que hace alusión el alcalde que envió a todos los concejales de la Corporación antes del pleno, dice que se trata de “un documento que he presentado porque entiendo que la decisión no es una decisión administrativa normal, sino que es una decisión que toma el alcalde por motivos personales, y lo que hago es informar a los distintos concejales y comunicarles que entendemos que se tiene que aprobar y que pondremos una demanda si consideramos que el voto de los concejales está motivado por temas personales. En ese caso, pondríamos una querella criminal contra ellos y pediríamos daños y perjuicios y responsabilidad patrimonial a cada uno de ellos porque entenderemos que se está cometiendo un delito”.
En cuanto a la consulta a los vecinos colindantes, afirma Juan Cruz que “como el alcalde no puede sostener de ninguna manera la decisión que está tomando, se busca una argucia legal que es notificar a los vecinos de unos edificios que hay cercanos. Nosotros entendemos que los vecinos a los que se les ha hecho la consulta no son colindantes”. Además piensa que la forma de proceder en esta consulta parece “un acto de prevaricación”.
Juan Cruz defiende las bondades de la implantación de esta estación de servicio, considerando que “es muy positivo para el municipio, entre otras cosas porque al tratarse de una estación de servicio low cost, favorecería una guerra de precios entre las distintas gasolineras del municipio, de la cual saldría beneficiado el ciudadano. Por otro lado, se trata de una pequeña gasolinera abierta 24 horas, algo que a día de hoy no tenemos en Punta Umbría”.
¿Era la idoneidad una decisión a tomar en el pleno municipal?
Ante la duda que se ha manifestado de si es o no es aplicable en el procedimiento traerlo a pleno, los asesores jurídicos municipales así lo contemplan en sus informes, pero es que además, según explica el alcalde, “la propia empresa solicitante de la licencia, en su memoria técnica, cuando dice cual es la normativa aplicable, expresa que la norma subsidiaria, y que es el pleno quien tiene que aprobarlo”. Si esto es así, y la propia empresa que explotaría la estación de servicio lo dice, no tiene mucho sentido que el propietario de la parcela defienda lo contrario. Cierto es que también hay que entender que si el pleno del Ayuntamiento decía NO a la gasolinera, nos encontraríamos ante una imposibilidad jurídica que pondría fin al contrato de arrendamiento de la empresa petrolera que iba a explotar la actividad con el propietario de la parcela, por lo que el gran perdedor sería el propietario de la parcela (que es quien realmente se la está jugando).
Es llamativo, e incluso penoso, para el alcalde que el propietario de la parcela diga que cuando la compró al Ayuntamiento, es porque había un acuerdo previo “como si fuera un trato en una taberna”. Hernández Cansino niega tal acuerdo previo y advierte que estas cosas no se hacen así, que la compra de una parcela a un ayuntamiento se hace “dentro de un procedimiento legal”. Explica Hernández Cansino que al quedar desierta la licitación, “se pudo habilitar el procedimiento negociado al que se invitaron a diez empresas a participar para la venta de las tres parcelas, y de esos diez invitados, tan solo concurrió uno, la empresa de Juan Cruz, públicamente, presentando una única oferta, y se le adjudicó”. Y concluye diciendo que “Esto es un ayuntamiento, y el suelo municipal se vende con los procedimientos administrativos legales. Aquí no se acuerda nada, y quien dice que se llegó a acuerdos antes de la compra de la parcela, a lo mejor es que está acostumbrado a que eso antes se hacía así. Pero ahora las cosas han cambiado”.
El alcalde defiende que cuando se solicita la licencia de actividad por parte de la empresa petrolera es cuando el Ayuntamiento tiene conocimiento de lo que se va a montar en la parcela, cosa que ocurre en marzo. Además, la empresa de Juan Cruz, cuando se le adjudica la parcela, manifiesta conocer y aceptar en su integridad los pliegos de cláusulas administrativas particulares y todas las condiciones urbanísticas de posible aplicación, “entre las que está la norma subsidiaria que dice que es el pleno el que decide si sí o si no”.
Y llegó el pleno
En el pleno ordinario del mes de septiembre, UPU votó en contra de la idoneidad de la implantación de la estación de servicio. Izquierda Unida también votó en contra, en primer lugar, por la negativa de los propios vecinos que viven en la zona, y el segundo motivo es no ver el sentido de tener 3 gasolineras en menos de 500 metros por muy diferente que el modelo de esta nueva estación de servicio sea de las otras dos.
Rosa Crespo, portavoz del partido popular, considera que la norma subsidiaria debería estar derogada porque quedó obsoleta. Por tanto, piensa que este asunto no debería haber venido a pleno, por lo que a la hora de votar abandonó el salón de plenos, un gesto que es equivalente a la abstención según explicó el secretario.
Luis Alfonso, portavoz del PSOE, considera que la idoneidad se podría haber decidido mucho antes, al mismo tiempo que considera que “no somos competentes en votar esa idoneidad puesto que no somos técnicos, por lo que no vamos a votar, por prudencia, ni a favor, ni en contra, ni abstención, sencillamente, nos ausentaremos”. Para el portavoz socialista debe ser Salud y Medio Ambiente quien establezca o no la idoneidad, «y no nosotros los concejales«.
Está clarísimo que el tema acabará en los tribunales. El alcalde anunció en el pleno, antes de que tuviera lugar las votaciones, que todos los concejales de la Corporación deberían ejercer su libertad de voto, y que si el empresario propietario de la parcela ejecuta su amenaza de denunciar a quien vote en contra o se abstenga, los servicios jurídicos del Ayuntamiento les ampararía. “Nadie puede venir a condicionar el voto libre de los representantes legítimos de los ciudadanos”, concluyó el alcalde.
