El Ayuntamiento de Aljaraque ha exigido la dimisión durante el pasado pleno de abril de los concejales, Sebastián Rivero Rodríguez e Inmaculada Camacho Macías (IU-Verdes Equo) y Francisco Gómez Guillén (PSOE). Esta decisión se produce tras la publicación de la sentencia 107/2024 de la Audiencia Provincial de Huelva, que confirma la existencia de un delito de cohecho relacionado con maniobras para evitar una moción de censura en el consistorio en el año 2017.
La sentencia detalla cómo se celebraron reuniones en la Diputación Provincial de Huelva y en el propio Ayuntamiento de Aljaraque en las que se ofrecieron beneficios personales a concejales del grupo “Si Se Puede Aljaraque” con el objetivo de que retiraran su apoyo a una moción de censura que amenazaba al entonces Gobierno municipal del PSOE. Entre los ofrecimientos constatados judicialmente figuran la contratación de la esposa de uno de los ediles y la incorporación del otro al equipo de gobierno. Estos delitos permitieron seguir gobernando a los ediles que aún forman parte de la Corporación Municipal con Yolada Rubio al frente de la alcaldía.
De acuerdo con los hechos probados por la Audiencia, los concejales Gómez, Rivero y Camacho tuvieron conocimiento de las negociaciones y de las reuniones con los ediles condenados.
La moción impulsada por el equipo de Gobierno subraya que, aunque la vía penal ya ha establecido responsabilidades individuales, es imprescindible que se asuman también las responsabilidades políticas por parte de quienes participaron o consintieron estos hechos. Se argumenta que la presencia de estos tres ediles en el Pleno representa una amenaza a la integridad institucional y a la confianza ciudadana en sus representantes.
Desde el equipo promotor de la moción se hizo hincapié durante el pleno que la lucha contra la corrupción exige una actuación tajante y ejemplar “No podemos mirar hacia otro lado ni normalizar este tipo de conductas. Es necesario que se restablezca la confianza pública y se garantice la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública”, señalan.
Además, recuerdan que los dos concejales que recibieron los ofrecimientos reconocieron los hechos y aceptaron su responsabilidad penal mediante un acuerdo de conformidad, lo que refuerza la gravedad del caso y la necesidad de que los implicados políticos directos asuman también las consecuencias.
La votación contó con la mayoría del pleno.
Cabe destacar que el que fuera presidente de la Diputación por aquellos entonces, Ignacio Caraballo, tuvo que dimitir al abrirse la causa penal por estos mismos delitos.
