La situación de los chiringuitos de Punta Umbría se ha convertido en uno de los conflictos más complejos y sensibles de los últimos años en el municipio. El asunto golpea de lleno el sector del turismo y la hostelería local y pone en entredicho la gestión del alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino y su equipo de Gobierno, desde que estallase el conflicto en plena temporada alta de 2025.
Las decisiones judiciales, las actuaciones administrativas y las intervenciones policiales empañaron un verano cargado de polémica que despertó el interés y la participación en el debate, tanto de la población local, como de los foráneos. Aquel escenario de incertidumbre y miedo por parte de los titulares de los establecimientos permanece y ha desembocado en el actual proceso de licitación de nuevos chiringuitos desmontables.
La irregularidad de buena parte de los chiringuitos de playa es una situación que Punta Umbría venía arrastrando desde hace años, relacionada con concesiones, licencias de actividad y ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Una realidad conocida tanto por los empresarios como por las distintas administraciones implicadas.
A pesar de esa realidad, los establecimientos siguieron funcionando mientras la normativa se volvía más restrictiva y la presión sobre el uso del suelo costero aumentaba. El problema fue creciendo sin una planificación clara a medio o largo plazo que permitiera adaptar el modelo de chiringuitos a la legalidad vigente.
El verano del conflicto y el informe técnico municipal
El punto de inflexión llegó en el verano pasado. En plena temporada alta, comenzaron las inspecciones, las restricciones y los cierres temporales de varios establecimientos de playa. La intervención de la Policía Local, apoyada por una orden judicial y, sobre todo, las denuncias previas, generó un clima de tensión entre los empresarios, que veían cómo sus expectativas de negocio en el momento clave del año, se derrumbaban sin recibir apoyo municipal.
Los negocios dejaron de prestar muchos de sus servicios en la playa, el público habitual de los establecimientos se quedaba sin demasiadas opciones de ocio y la repercusión mediática dejaba una imagen lamentable de Punta Umbría como destino turístico.
Paralelamente, el conflicto tomó un rumbo judicial. La situación de varios chiringuitos terminó en los juzgados, lo que derivó en citaciones y en una mayor presión sobre el alcalde de Punta Umbría. El conflicto debía resolverse en los juzgados.
José Carlos Hernández Cansino fue citado como investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva por un presunto delito de prevaricación administrativa. La investigación se centra en haber permitido la actividad de un chiringuito sin concesión ni licencia en el dominio público marítimo-terrestre, pese a la existencia de denuncias vecinales e informes técnicos que advertían de su irregularidad.
En la causa también figura la exalcaldesa socialista Aurora Águedo. El auto judicial sostiene que el Ayuntamiento tenía conocimiento previo de la situación y no actuó conforme a la legalidad. Esta investigación ha incrementado la presión política y social sobre la gestión municipal del litoral y ha marcado el desarrollo del actual proceso de regularización y licitación de los chiringuitos.
Con el conflicto en plena efervescencia, un informe técnico municipal fechado el 20 de agosto se convirtió en una pieza clave para clarificar la situación de los chiringuitos de Punta Umbría y ordenar un escenario marcado durante años por la falta de definición administrativa. El documento analizó licencias, concesiones y denuncias, clasificando los establecimientos en cuatro grandes grupos.
En primer lugar, se identificaron 13 chiringuitos fijos que contaban con concesión administrativa y licencia en vigor, aunque en dos de ellos se está tramitando actualmente la prórroga ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva. Un segundo grupo lo formaban siete chiringuitos fijos sin concesión o con concesiones que no se ajustaban a lo autorizado. A estos se sumaban otros 11 establecimientos considerados en situación irregular, la mayoría ubicados en la playa natural.
Como consecuencia directa, ocho chiringuitos en situación irregular fueron instados al desmontaje de sus instalaciones, un paso imprescindible para poder optar a una futura regularización. Esta orden ha resultado especialmente dolorosa para empresarios con negocios familiares de décadas, que ven peligrar la vuelta a la actividad de sus establecimientos en la playa.
Posteriormente, el alcalde José Carlos Hernández Cansino firmó la Providencia que activa la licitación de nueve chiringuitos desmontables por cuatro años. Siete se ubicarán en la playa natural y dos en zonas urbanas, con superficies y condiciones reguladas, dentro del Plan de Playas 2026.
La postura del alcalde
El alcalde ha defendido que este procedimiento de licitación supone “el primer paso hacia una solución definitiva y legal para los chiringuitos de Punta Umbría”. Hernández Cansino ha insistido en que “el objetivo del Ayuntamiento es garantizar la seguridad jurídica de los empresarios y el cumplimiento estricto de la normativa”, para la inclusión de los chiringuitos en el Plan de Playas.
Según el regidor, la situación heredada y la complejidad del marco legal, en el que intervienen tres administraciones, Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, “han convertido este asunto en un camino largo y difícil”. En su discurso, el alcalde subraya que “no se trata de una decisión política arbitraria, sino de una obligación derivada de los informes técnicos y de la legislación vigente”.
Asimismo, señala que “los empresarios han dado un paso importante con el desmontaje de las instalaciones, lo que permite ahora avanzar en una solución que compatibilice actividad económica, protección ambiental y legalidad”. Hernández Cansino recalca que el nuevo modelo pretende ofrecer “certezas jurídicas” tanto a los empresarios como a la administración local, evitando situaciones de provisionalidad que se han prolongado durante años y que, según ha señalado, “han terminado por estallar de la peor manera posible”.
En relación con la actuación de la Policía Local, uno de los puntos más controvertidos del conflicto, el Ayuntamiento defiende que “los agentes actuaron siguiendo órdenes técnicas y judiciales, limitándose a hacer cumplir la ley y los informes existentes”.
Los empresarios de los chiringuitos «no saben qué hacer»
El conflicto de los chiringuitos sigue abierto y está generando un intenso debate político y social. Empresarios y oposición critican que las actuaciones se produjeran en plena temporada alta, con un impacto directo en la economía local y en la imagen turística del municipio.
La licitación en marcha no ha logrado cerrar la polémica, ya que se cuestiona la gestión municipal y la falta de planificación previa, que habría desembocado en una solución apresurada.
Los empresarios de los chiringuitos puntaumbrieños viven un momento difícil de resumir, donde se mezcla el cansancio, la incertidumbre y una sensación de estar llegando tarde a todo. En las conversaciones mantenidas con distintos propietarios, que prefieren mantener el anonimato, se repiten varias ideas que dibujan el desalentador estado el ánimo del sector.
La mayor preocupación es que el concurso de licitación aún no se ha publicado, las bases no terminan de concretarse y el verano cada vez está más cerca sin que tengan certezas para planificar la temporada. El montaje, los permisos y el acondicionamiento del establecimiento a los nuevos requerimientos llevan tiempo y sienten que se quedan sin margen.
“Ya se ha ido enero y el concurso no aparece todavía. Vemos que va tarde, ya debería haber estado lanzado”, lamenta uno de ellos, que subraya que este año la adaptación será más exigente que nunca y, precisamente por eso, requiere más tiempo. El problema, dicen, es que a la licitación se suma un nuevo escenario de “requisitos técnicos y administrativos que antes no se pedían”. Temen que la cadena administrativa, las autorizaciones del plan de playa y otros muchos requerimientos, impidan “comenzar la temporada a tiempo. El tiempo se está acabando”, insisten.
A esa presión se añade el impacto económico directo del nuevo modelo, con superficies más reducidas, condiciones diferentes y la obligación, en muchos casos, de mover instalaciones o replantear por completo la operativa. Los empresarios consultados no ocultan que, con menos metros y menos aforo, el rendimiento caerá y con él la capacidad de contratar personal. “Con estos metros y estas condiciones vamos a concursar porque ya tenemos instalaciones. Si yo partiera de cero, no concursaba”, admite uno, que cifra en decenas de miles de euros el coste mínimo de adquirir módulos, equipamiento, maquinaria y logística de transporte y montaje en la playa natural.
En esa misma línea, otro propietario advierte de que el recorte de espacio obligará a reducir carta, limitar celebraciones y ajustar el servicio hasta un punto que, a su juicio, empobrece la experiencia del visitante. “Vamos a tener que reducir la carta, porque con tan poco aforo y tan poco personal no se puede dar lo mismo”, explica. La comparación aparece una y otra vez, con matices, pero con el temor a retroceder hacia “un chiringuito más básico de barra”, lejos del formato consolidado en los últimos años, más cercano a la restauración con mesas y comedor.
Aunque muchos cargan contra la falta de comunicación y el “desamparo” que describen en la relación con la administración local, también hay voces críticas con parte del propio empresariado y con el modelo que, según cuentan, se fue tensando con el tiempo. “Se ha tensado demasiado la cuerda ocupando más espacio de la cuenta e incluyendo actividades que no se deberían haber permitido, derivando en denuncias y un mayor control”. Esa autocrítica convive con una queja generalizada hacia el exceso de cargas administrativas y costes asociados a concesiones, proyectos, tasas y requisitos que sienten desproporcionados para negocios estacionales.
En el plano laboral, el conflicto se mide también en el número de empleados que este año solicitarán los establecimientos de la playa. Los empresarios hablan de trabajadores de años que perderán sus empleos estivales y, por tanto, “mucha gente se quedará parada. Es una lástima porque las plantillas son familias de hace años”, resume uno de los afectados.
A esa inquietud se suma el estrés de no recibir notificaciones, documentación o instrucciones claras por parte de la administración municipal. “Tengo mucho estrés. Yo quiero saber ya lo que pasa”, confiesa uno de los consultados. En conjunto, el sector se siente atrapado entre la necesidad de regularizar y el vértigo de un cambio que llega con el tiempo justo, con demasiadas incógnitas abiertas y con el temor de que la solución, tal y como está planteada, sea la puntilla para algunos negocios que llevan años sosteniendo la economía local y el sustento de cientos de familias.
Duras críticas a la gestión del alcalde en el Pleno Municipal
La licitación en marcha no ha logrado cerrar la polémica, ya que se cuestiona la gestión municipal y la falta de planificación previa, que habría desembocado en una solución apresurada. Los diferentes partidos políticos con representación en el Pleno Municipal, son especialmente críticos con el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, y lo hacen responsable de una situación que afecta no solo a los empresarios al frente de los chiringuito, sino a cientos trabajadores y familiares que ven peligrar sus puestos de trabajo durante la temporada estival.
PARTIDO SOCIALISTA
“El alcalde se opuso a poner en marcha soluciones para los chiringuitos en el pasado y hoy es el responsable de esta situación”
El Partido Socialista ha mostrado su desacuerdo con la gestión del alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, en relación con el conflicto de los chiringuitos. Así lo expone el portavoz socialista, Luis Manuel Alfonso que sostiene que el regidor municipal “no puede escudarse ahora en la legalidad ni en los informes técnicos para justificar una actuación que, a juicio del PSOE, llega tarde y mal”.
Desde el grupo socialista reconocen que el alcalde está obligado a actuar conforme a la ley y que los informes técnicos avalan las decisiones del Ayuntamiento. Sin embargo, consideran que en este caso “esa explicación no es suficiente”. Según Alfonso, “Hernández Cansino era perfectamente conocedor desde hace años de los problemas administrativos y legales que afectaban a los chiringuitos de la playa” y, pese a ello, “no adoptó ninguna medida preventiva ni abrió vías de diálogo para buscar soluciones” antes de que el conflicto estallara.
“El alcalde solo reaccionó cuando recibió la notificación del Juzgado de Instrucción número 4, en la que se le señala presuntamente por un delito de prevaricación administrativa”, defiende Alfonso. A partir de ese momento, según los socialistas, “la gestión municipal pasó a estar marcada por el miedo y la improvisación”, lo que provocó “un grave perjuicio a la imagen turística del municipio” durante el pasado verano. Además, sostiene que “la actitud del alcalde generó un clima de inseguridad entre los empresarios y trabajadores de los chiringuitos, que se vieron obligados a trabajar con temor en plena temporada alta”.
Los socialistas insisten en que el conflicto se podría haber evitado. Recuerdan que en la legislatura anterior se llevó a pleno una propuesta para “solicitar la colaboración de todas las administraciones implicadas con el objetivo de empezar a regularizar la situación de los chiringuitos”, iniciativa que “Hernández Cansino rechazó cuando se encontraba en la oposición”. Para el PSOE, “esa negativa marcó un punto clave en el origen del problema actual”.
Además, critican la falta de diálogo y coordinación del actual alcalde con los empresarios afectados. Según Alfonso, durante todo este tiempo “no ha existido una interlocución real ni un trabajo conjunto que permitiera planificar con antelación cuestiones como la solicitud de prórrogas o el diseño de nuevas concesiones administrativas”.
El PSOE también ha subrayado que, durante sus años de gobierno municipal, “siempre existió colaboración con los chiringuitos y una labor de mediación constante con otras administraciones para evitar conflictos mayores”. A su juicio, esa forma de gestionar es la que debe asumir un alcalde, frente a lo que consideran “una actitud de confrontación y falta de consenso por parte del actual regidor”.
Finalmente, los socialistas sostienen que la responsabilidad política de esta situación recae directamente sobre Hernández Cansino. No tanto por las decisiones judiciales o técnicas, sino por una forma de gobernar que, según denuncian, ha dejado a Punta Umbría inmersa en un conflicto evitable y con importantes consecuencias económicas y sociales para el municipio.
PARTIDO POPULAR
“La legalización debía haberse hecho de forma pactada con los empresarios y desde hace mucho tiempo atrás”
El Partido Popular de Punta Umbría considera que la situación de los chiringuitos del municipio es “el resultado de un problema que debería haberse abordado y resuelto hace años”. Así lo sostiene su portavoz municipal, Rosa Crespo, quien lamenta que, pese a existir informes previos que alertaban de las irregularidades, “no se haya actuado con la antelación necesaria ni se haya buscado una solución consensuada con los empresarios afectados”.
Desde el PP entienden que tanto los gobiernos anteriores como el actual han fallado al no sentarse a dialogar con los titulares de los chiringuitos para regularizar su situación de forma ordenada. A juicio de Crespo, “el camino debería haber sido el de la legalización progresiva y pactada, trabajando codo a codo con los propietarios para adaptar los establecimientos a la normativa y permitir su desarrollo”, especialmente en los meses de mayor afluencia turística.
La portavoz popular es especialmente crítica con la forma en la que se ha gestionado el conflicto en los últimos meses. Considera que “las decisiones se han tomado con prisas y condicionadas por la situación judicial del alcalde, lo que ha provocado una falta de planificación y de consenso”. Según explica, los contactos mantenidos entre el Ayuntamiento y algunos empresarios “no han sido fluidos y se han desarrollado en un clima de tensión”, lejos del diálogo que, a su juicio, requería un asunto de esta magnitud.
Rosa Crespo advierte además de los riesgos que entraña el actual proceso de licitación, ya que “podría provocar que algunos chiringuitos pierdan la titularidad de sus negocios”, con el consiguiente impacto económico y laboral. En este sentido, subraya la incertidumbre que viven algunos establecimientos concretos, especialmente aquellos que no han podido desmontar sus instalaciones a tiempo o que arrastraban problemas administrativos previos, lo que podría dejarlos fuera de la nueva convocatoria.
IZQUIERDA UNIDA
“La falta de planificación ha puesto en riesgo el futuro de los chiringuitos de Punta Umbría”
Izquierda Unida considera que el conflicto de los chiringuitos de Punta Umbría es “el reflejo de un problema estructural que se ha ido cronificando con el paso de los años” y ante el que, a su juicio, “los distintos gobiernos locales han optado por mirar hacia otro lado en las últimas legislaturas”. Así lo expresa su portavoz municipal, Víctor Ruiz, quien defendió que “la situación actual no es fruto de una decisión puntual, sino de la falta de planificación a medio y largo plazo en la gestión del litoral”.
Ruiz considera que la realidad de la costa puntaumbrieña ha cambiado durante la última década, tanto en términos medioambientales como normativos. Por eso lamenta que “no se hayan planteado alternativas con antelación para adaptar los chiringuitos a la nueva realidad legal y territorial”. Esa falta de previsión, muestra hoy “un escenario en el que se pone en riesgo una actividad económica fundamental y el sustento de numerosas familias” que dependen de estos negocios durante todo el año.
El portavoz de Izquierda Unida insiste en el impacto social del conflicto, que ya tuvo sus consecuencias durante el estallido del conflicto en plena temporada alta. Según Ruiz, “el clima de inspección y control generó miedo entre los empresarios, afectó a la oferta hostelera y manchó la imagen de Punta Umbría como destino turístico”.
Sobre las soluciones, Ruiz entiende necesario que el Ayuntamiento “camine de la mano de las familias y empresarios implicados” para alcanzar acuerdos con el Ministerio y compatibilizar la actividad económica con la protección del medio ambiente.
