Un informe del arquitecto municipal denuncia obras sin licencia en la escalera de la calle Ave Fría y propone reforzar el cerramiento
El Ayuntamiento de Punta Umbría ha respondido al conflicto de la playa de El Portil endureciendo su posición. Un informe de inspección del arquitecto municipal constata que personas cuya identidad se desconoce retiraron la señalización y los elementos de cierre colocados por el Consistorio y ejecutaron obras sin autorización para volver a habilitar la escalera y la pasarela situadas al final de la calle Ave Fría. El técnico concluye que esas actuaciones se hicieron sin licencia, sobre dominio público marítimo-terrestre y sin ningún control técnico, y propone reforzar el cerramiento, volver a señalizar la prohibición y trasladar los hechos a la Demarcación de Costas, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, a la Policía Local y a la asesoría jurídica municipal.
El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha pedido expresamente que nadie use esas escaleras. Sostiene que quien descienda por ese acceso pone en riesgo su integridad física y que el Ayuntamiento no puede permitir que alguien resulte herido en una zona que los técnicos han determinado que no reúne condiciones de seguridad. Insiste en que las decisiones no responden a criterios políticos ni arbitrarios, sino a informes técnicos y a la obligación legal de prevenir accidentes, y admite que algunas de ellas no son populares.
El Consistorio recuerda además el marco sancionador. El artículo 15 de la Ordenanza Municipal de Uso y Disfrute de las Playas obliga a acceder al litoral únicamente por las sendas y pasarelas habilitadas, y su incumplimiento puede acarrear multas de hasta 3.000 euros. Advierte también de que romper precintos, vallas o carteles podría ser constitutivo de un delito de desobediencia, y de que ejecutar obras sin licencia en dominio público marítimo-terrestre puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales. La Policía Local ha reforzado la vigilancia en la zona.
En cuanto a dónde pueden bañarse los vecinos, la nota municipal señala las calles Zorzal y Calamón, las dos únicas bajadas que el Consistorio considera seguras en El Portil, y añade la posibilidad de acudir a Nuevo Portil, ya en el término municipal de Cartaya, donde recuerda que hay más superficie de playa. Esas dos bajadas son las mismas que llevan dos veranos absorbiendo todo el tránsito hacia el arenal, una de las carencias que los vecinos vienen señalando desde el principio. Muy poca playa para tanta afluencia.
El comunicado llega después de que la Policía Local clausurara los accesos pasadas las trece horas, con el arenal ocupado, en una actuación grabada por los propios bañistas y que desató cientos de mensajes de indignación en los grupos vecinales. El tono dominante entonces fue de enfado hacia el Ayuntamiento, con una frase repetida por encima de todas: «es más fácil y barato prohibir que buscar la solución y arreglar los accesos». En esos mismos mensajes se acumulaba una lista de carencias que nada tiene que ver con la erosión, desde la falta de duchas y papeleras hasta el acerado del núcleo en mal estado o la entrada de El Portil sin arreglar desde hace un año.
La Asociación de Vecinos Portileños, por su parte, sostiene desde hace días que se ha limitado a atender a los medios y niega haber animado a nadie a incumplir la ley. Su reproche principal sigue sin respuesta: si existe un plan de evacuación que ampara estas decisiones, por qué no se le facilita, después de haberlo solicitado en 2025. El Ayuntamiento vuelve a citar ese plan, el PTEL, en su comunicado, y de nuevo, según denuncia la asociación, sin aportarlo.
Hay un dato en la propia nota municipal que explica el fondo del asunto mejor que cualquier declaración. El Consistorio sitúa el origen del deterioro en los temporales que golpean el litoral desde 2018. Son ocho años de descalce de taludes, escaleras deterioradas y pérdida de estabilidad del terreno, agravados en cada pleamar. En todo ese tiempo, la playa urbana de El Portil no ha recibido la regeneración que reclama el Ayuntamiento, que mantiene requerimientos formales ante la Demarcación de Costas y un recurso contencioso-administrativo pendiente en la Audiencia Nacional.
Mientras el expediente sigue su curso, la situación sobre la arena no cambia. El Ministerio no aporta arena, el núcleo quedó fuera del último reparto estatal de 90 millones para reponer playas dañadas por los temporales, y la única novedad de este verano en El Portil es que ahora hay más vallas, más señalización y más presencia policial.
