El Ayuntamiento de Punta Umbría mantiene prohibido el acceso a 800 metros del arenal y apunta al Ministerio. La asociación vecinal le recuerda que hay cosas que dependen del Consistorio
El Ayuntamiento de Punta Umbría mantiene prohibido el acceso a unos 800 metros de la playa urbana de El Portil. Es una medida de seguridad: la erosión ha dejado desniveles y taludes que amenazan con desprenderse, y en pleamar el mar llega justo a su base. Solo se puede bajar a la orilla por las calles Zorzal y Calamón, las dos únicas que el Consistorio considera seguras, una restricción que ya dura dos veranos. Hay carteles y balizamiento advirtiendo del riesgo de derrumbe.
Esa es la teoría. En la práctica, el tramo amanece cada mañana con bañistas que entran por donde pueden, sin socorrista, sin servicios y sin una sola señal una vez que se pisa la arena. El propio Ayuntamiento admite el problema cuando lamenta que haya quien arranca los precintos. La Asociación de Vecinos Portileños lo describe como una contradicción: su presidente, Prudencio Serrano, sostiene que si el peligro es real «el Ayuntamiento tiene capacidad para cerrar la playa», y asegura que a la asociación no le consta que se haya decretado ese cierre. El Consistorio no ha hecho pública ninguna resolución al respecto. Los vecinos recuerdan además que la bandera roja prohíbe bañarse, no caminar por la orilla, y que hace un año pidieron un protocolo de evacuación para esa zona. Siguen esperándolo.
El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, defiende que «no se trata de una decisión arbitraria» y pide responsabilidad a quienes bajan. Su discurso apunta siempre en la misma dirección: la regeneración del litoral es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, otras playas onubenses han recibido arena y El Portil no, el Ayuntamiento ha remitido requerimientos formales a la Demarcación de Costas y mantiene un recurso contencioso-administrativo pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional. Promete reponer accesos, pasarelas y equipamiento en cuanto llegue la arena.
Los vecinos no discuten esa parte, pero llevan desde el verano pasado señalando lo que a su juicio no depende de Madrid. En julio de 2025 se concentraron ante el Ayuntamiento para reclamar limpieza, iluminación, más módulos de baños, el repintado de los viales y accesos adaptados para personas con movilidad reducida. Y en febrero, cuando la asociación registró el escrito para que los ayuntamientos aprobaran una declaración institucional de apoyo, Serrano contaba en este periódico que Cartaya había respondido que sí y quería extenderla a toda la costa, mientras que de Punta Umbría «de momento, no nos ha contestado».
En Madrid tampoco hay buenas noticias. En junio El Portil se quedó fuera del reparto de 90 millones del Estado para reponer arena en playas castigadas por los temporales, cuatro meses después de que casi 2.000 personas se manifestaran en Huelva. La asociación llegó a decir que «tiene que haber una mano negra en Madrid» y se pregunta por qué no ha intervenido el diputado onubense Gabriel Cruz, portileño y veraneante en la zona. La Subdelegación del Gobierno se comprometió en abril a un aporte urgente de arena. Según los vecinos, no ha llegado.
