El Partido Popular reclama que José Luis Contreras devuelva las retribuciones cobradas en el gobierno de UPU y no descarta una querella. El PSOE acusa al alcalde de defender ahora unos informes que antes cuestionaba
El caso del concejal José Luis Contreras Corrales, que en mayo de 2025 abandonó el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Punta Umbría para incorporarse al gobierno de Unidos por Punta Umbría (UPU), ha dejado esta semana al alcalde en el centro de todas las críticas. El PP le exige que su exconcejal devuelva los sueldos cobrados y no descarta acudir a los tribunales; el PSOE aprovecha para afearle un cambio de criterio que considera interesado. En medio, el gobierno municipal se defiende con un informe de su secretario. Las posturas chocan hoy en el pleno, y el protagonista del caso, Contreras, mantiene el silencio público que guarda desde que cambió de bando hace más de un año.
Para entender el enfrentamiento hay que remontarse al principio. En las elecciones de mayo de 2023, UPU ganó con ocho concejales y se quedó a uno de la mayoría absoluta. Ese concejal que le faltaba lo encontró dos años después: el 6 de mayo de 2025, un decreto de alcaldía incorporó al gobierno a Contreras, electo por el PP, con las delegaciones de Economía, Presidencia y Coordinación de Barrios, la Cuarta Tenencia de Alcaldía y una retribución de 31.000 euros anuales. El PP consideró aquello un acto de transfuguismo, reclamó la devolución del acta y abrió un expediente que terminó, en julio de 2026, con la expulsión definitiva del concejal, confirmada por el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.
Zanjada la expulsión, el PP ha ido un paso más allá. Su secretaria general en Huelva, Berta Centeno, exige ahora que Contreras devuelva todos los emolumentos percibidos desde el 6 de mayo de 2025 y que se dejen sin efecto sus cargos, al considerar que se encuentra en situación irregular. Los populares se apoyan en el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que a su juicio impide que un concejal mantenga las ventajas políticas y económicas obtenidas al abandonar la formación con la que se presentó. Centeno ha advertido de que el partido se reserva cuantas acciones legales considere, incluida una querella criminal por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La respuesta del Ayuntamiento llegó el mismo día y por la vía técnica. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, dio a conocer un informe del secretario municipal, que se elevará al pleno, según el cual la expulsión de un partido convierte al edil en concejal no adscrito pero no tiene efectos retroactivos sobre los cargos ni sobre las retribuciones ya devengadas. El documento sostiene que los sueldos percibidos por Contreras entre mayo de 2025 y febrero de 2026 respondieron al ejercicio efectivo de responsabilidades públicas, amparadas en un acuerdo plenario firme, por lo que no pueden considerarse pagos indebidos. Añade además que la propia resolución del Comité Nacional del PP reconoce la legalidad del decreto de alcaldía con el que se nombró a Contreras, y que este, jubilado desde febrero de 2026, ya no percibe retribución municipal. Hernández Cansino ha subrayado que la corporación «debe guiarse por los criterios jurídicos» de sus funcionarios frente a «las valoraciones políticas».
A la disputa se ha sumado el PSOE local, que ha aprovechado el caso para cargar contra el alcalde por lo que considera un cambio de criterio interesado. Su portavoz, Jesús Ferrera, recuerda que en la pasada legislatura Hernández Cansino cuestionó los informes de ese mismo secretario municipal cuando se referían a las denuncias de transfuguismo que él dirigía contra las entonces concejalas María Sacramento y Amelia Gallardo, un asunto que el propio alcalde llevó a los tribunales sin que sus pretensiones prosperaran. Para los socialistas resulta contradictorio que quien entonces ponía en duda esos informes los defienda ahora como incuestionables, y sostienen que el problema de fondo «no es jurídico, es político». El PSOE atribuye además el cambio de bando de Contreras a un interés personal.
El pleno de hoy miércoles, según el alcalde, se limitará a tomar conocimiento de una situación que, sostiene, ya se ha producido por imperativo legal. La incógnita es si esa toma de conocimiento cierra el asunto o si el PP cumple su amenaza y lo lleva a los tribunales, un paso que mantendría abierto el caso de transfuguismo más sonado de la política puntaumbrieña reciente.
